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Uno de los principales debates en torno a la pandemia refiere a la implementación de restricciones sanitarias y las razones de su (in)cumplimiento por parte de la población. Las lecturas más habituales en la opinión pública y el debate mediático tienden a presentar una lectura político-partidaria –para la cual el acatamiento de las medidas de cuidado son producto de la orientación favorable o no al gobierno de turno– o una economicista-miserabilista –en la que el (no) acatamiento se explicaría por las necesidades económicas y el nivel de vida–. Lo que ambas visiones comparten es la premisa de que las acciones individuales se asientan en un cálculo racional y consciente según el cual se estiman las proporciones de riesgos de contagio que se está dispuesto a asumir. Pero estos modos de aproximación al problema soslayan la dimensión vivida y afectiva sobre la cual se cimientan los lazos sociales. Es siguiendo esta vía, que las prácticas sociales en contexto de pandemia pueden comenzar a ser abordadas como una intersección de múltiples coordenadas, en la que los riesgos sobre la propia vida y la propagación sobre los grupos de afinidades, así como también las posturas partidarias, son sopesadas a la luz de una economía moral y afectiva, o –para decirlo en términos psicoanalíticos– por el monto de investidura del objeto que la situación obliga a resignar.
En este sentido, el presente trabajo se propone indagar los criterios que delimitan cuáles restricciones son legítimas o justas y, por lo tanto, moralmente aceptables, así como también cuáles transgresiones resultan admisibles o tolerables y cuáles no. De manera que cabría pensar que las normas explícitas y oficiales se encuentran atravesadas por un conjunto de imperativos morales y afectivos a partir de los cuales se elaboran justificaciones parciales, lábiles e irregulares, que pueden aplicarse de distinto modo en función de la situación o el sujeto de la acción.
